Durante la mañana del miércoles 30 de octubre,
el Vicario de Educación, Pbro. Oscar Tapia, junto con los representantes
legales de los colegios Padre Ramón de la Quintana, Juan Pablo II y Nuestra
Señora del Valle, Lic. Rubén Marti, Lic. Luis Herrera y Lic. Jorge Leguizamón,
respectivamente, brindaron una
conferencia de prensa, en el transcurso de la cual plantearon la situación
económica de los colegios privados confesionales, a partir de una resolución
ministerial que establece el cobro de la matrícula de manera diferente a la que
se estaba aplicando hasta ahora.
El Pbro. Oscar Tapia dijo
que recordó “el compromiso de la Iglesia con la educación, que es milenario,
desde que hemos nacido como Iglesia, la creación de las universidades, los
colegios, esto antes que el Estado. Si uno piensa aquí mismo en Catamarca, el
Colegio Quintana tiene más de 250 años, el Colegio del Carmen también, Fasta,
que continúa la obra de la Hermanas del Huerto, en el Seminario, son colegios
que vienen del siglo XIX, tanto en la ciudad como en el interior de la
provincia”.
Afirmó que en la actualidad,
“somos 16 somos colegios públicos de gestión privada en toda la provincia,
nuestro compromiso es la educación, y lo hacemos en concordancia con el Estado,
con una ayuda mutua. Nosotros ofrecemos nuestros edificios, nuestro servicio
educativo, y el Estado da un aporte, también esto en respeto a los ciudadanos
que eligen un tipo de educación. Eso está contemplado en la ley. Pero nos
aporta solamente para la Planta Orgánica Funcional (POF)”.
El sacerdote continuó
especificando que “en Catamarca, la parte privada educa casi al 20 % de la
población estudiantil, y los colegios confesionales católicos cristianos
educamos a más de 15.000 alumnos, porque la gente nos elige. Y nuestro
compromiso es brindar una educación de calidad, una formación integral de la
persona”.
A su turno, el Lic. Rubén
Marti aclaró que los colegios confesionales “no son subvencionados el 100 %,
sino que tenemos una planta que es efectivamente subvencionada, pero tenemos un
porcentaje del personal que lo sostenemos con la cuota que pagan los padres,
más allá del sostenimiento del edificio, infraestructura, equipamiento,
personal, en nuestro caso, dinamizadores pedagógicos digitales, asistentes
técnicos, seguros, etc.”.
El representante legal de la
Quintana dijo que “esa cuota, la cobramos con autorización de la Dirección de
Educación Pública de Gestión Privada y Municipal, de manera que estamos siempre
dentro del marco legal, aun cuando el índice que se aplica de aumento no es el
correcto”.
“Históricamente, los
colegios cobramos dos cuotas como matrícula, porque todos los trabajadores
cobramos 13 sueldos en el año, teniendo en cuenta el aguinaldo. En este caso,
vamos a tener 12 sueldos, con lo cual, hay un sueldo que no lo podemos pagar.
Eso implica un desfasaje, porque armamos el presupuesto en el mes de octubre –
noviembre y se aplica de febrero a febrero. Entonces, si por algún motivo que
desconocemos, casi terminando el presupuesto nos dicen que vamos a tener un
ingreso menor al que tenemos considerado, nos obligan a entrar en una crisis,
debiendo priorizar los salarios de los docentes y dejar de hacer todo tipo de
obras, infraestructura, mantenimiento de edificio y demás”, indicó.
Para Marti, “llama la
atención que la Dirección de Educación Privada, que conoce muy bien las
escuelas”, emita “esta medida inconsulta, porque nunca nos llamaron, nunca nos
consultaron”.
Los representantes de las
instituciones educativas consideraron que “la medida es inconsulta a esta
altura del año, porque interfiere en el presupuesto que prolijamente
presentamos. Es difícil trabajar así”.
A su tiempo, el Lic. Luis
Herrera resaltó “la preocupación de la Iglesia de brindar un servicio
educativo, y a través del mismo evangelizar, y también con una gran
preocupación desde el punto de vista social. Eso explica la existencia del
colegio Juan Pablo II, que está enclavado en un área del noroeste de nuestra
capital, donde muchos papás de los chicos que asisten a la institución
subsisten con planes de trabajo. Aun así, quiero resaltar esa conciencia por
parte de los padres, ya que sólo tenemos una morosidad del 5 %”.
También manifestó que en
solidaridad con la situación económica actual, “el Juan Pablo II tenía
autorizada, en el período 2019, una cuota de $ 750, no obstante, para acompañar
la realidad social, política y económica que estamos viviendo, la institución
cobró una cuota de $ 500. Esta medida, al no permitirnos cobrar las dos cuotas,
para cubrir los dos meses al año en que no hay ingreso en estas instituciones,
que son enero y febrero, impacta sensiblemente, porque somos instituciones que
no tenemos capacidad de ahorro”.
Herrera apuntó que “el
plantel docente que está subvencionado por el Estado no se verá afectado. Acá
el problema es que no solamente está la gestión de orden pedagógica sino otras
áreas que no están dentro de la POF, de las que tienen que hacerse cargo las
instituciones”. Por lo tanto, “vamos a tener que priorizar los recursos que nos
puedan quedar o eventualmente pedir ayuda para cubrir a ese personal; y
paralizar algunas inquietudes que hacen al proceso enseñanza aprendizaje”.
Sobre este último aspecto
señaló que la medida afecta a proyectos como el de “una sala de informática,
gracias a la donación de máquinas por parte una institución privada de la
provincia”, para lo cual la institución educativa debe hacer “el esfuerzo de
adecuar la infraestructura; estamos en ese proceso, y estas cuestiones nos
impactan sensiblemente en esto, que hace a la calidad del servicio que brindan
este tipo de instituciones”.
El Lic. Jorge Leguizamón apuntó
que “muchas veces se habla del colegio privado desde una generalidad, sin tener
en cuenta las particularidades de cada uno. Por ejemplo, este año teníamos
autorizado por la Dirección de Enseñanza Privada el aumento de la cuota, y
muchos hemos querido acompañar este difícil momento, que nos toca vivir a los
argentinos, especialmente en lo económico, y acompañar a las familias. Ahora
nos encontramos con el problema que nos sacan de presupuesto la posibilidad de
cobrar la matrícula, como históricamente se venía haciendo. Eso también incluye
el pago al personal que cada colegio tiene contratado, y que no está dentro de
la órbita de la subvención”.
Para Leguizamón, “esto nos
da la pauta de que hay un desconocimiento de cómo se manejan y cómo trabajan,
los colegios confesionales; no somos iguales, cada uno tiene un proyecto
educativo diferente. Desde nuestros colegios no solamente se brinda un servicio
educativo, pedagógico, también hay un servicio educativo que tiene que ver con
lo social, con la contención de los niños, atendiendo diversas problemáticas.
Para ello, muchos de nuestros colegios pagan gabinetes psicopedagógicos y en
eso influye esta medida”.
