Más allá de que la educación pública haya subido al podio de
las noticias con motivo de darse a conocer el proyecto del presupuesto nacional
para el 2023 –recientemente aprobado con media sanción por la Cámara Baja en la
madrugada del martes 25 de octubre–, queda en evidencia que su prioridad en el
ideario nacional no ocupa la agenda política ni social, y eso explica en gran
parte su postergación y las enormes e inexplicables desigualdades que están a
la vista en el territorio nacional, en especial en los tres niveles de la
enseñanza básico que tienen por destinatarios a niños, adolescentes y jóvenes
Nadie
niega que la actual coyuntura de la economía nacional necesita un ordenamiento
en las cuentas públicas, pero las variables de ajuste no pueden recuperarse en
las áreas más sensibles y vulnerables de la población, sin efectos
perjudiciales. En vista a un escenario futuro proyectado con un porcentaje
interanual inflacionario –para no pocos economistas, al menos imprevisible e
improbable–, los recortes, la inmovilidad en las asignaciones y los
presupuestos vigentes que no recibieron aumentos, dejan al descubierto las
graves consecuencias que recaen en las infancias, sobre las personas con
discapacidad y en los niveles obligatorios de la educación.
De
aprobarse esta «ley de leyes» por la Honorable Cámara de Senadores, tan
importante para la vida social, sin las correcciones que no pocas voces
autorizadas han observado, estaríamos contradiciendo lo que en la Argentina se
ha sostenido con orgullo, aun en los momentos más críticos: que cuidar a las
nuevas generaciones y poner todos nuestros esfuerzos por educarlas es la mejor
inversión, y nunca será un gasto excesivo. Para mantener este ideario, se
necesita « en primer lugar, tener la valentía de colocar a la persona
en el centro.Para esto, se requiere firmar un pacto que anime los procesos e
informales, que no pueden ignorar que todo en el mundo educativo está
íntimamente conectado y que se necesita encontrar (a partir de una sana
antropología) otros modos de entender la economía, la política , el crecimiento
y el progreso» [1] .
Los
logros legislativos –que en su momento dieron origen a instituciones
humanitarias que se beneficiaron a tantos argentinos, como lo son: las
Asignaciones Familiares ( aaff ),
las Asignaciones Universales por Hijo ( auh )
y por Embarazo ( aue )–,
asisten a las necesidades básicas de sectores sociales que ya son pobres y que
no pueden correr el riesgo de verse empujados a la indigencia, lo que se
traduciría en más dolor, impotencia y sufrimiento de los pequeños, algo
humillante para la comunidad nacional, que siempre se ha propuesto protegerlos,
sobre algun otro interes.
En
tiempos de gran pobreza y de falta de trabajo, como los que viven nuestro país,
entre quienes más sienten sus consecuencias se encuentran las personas con
alguna discapacidad. Y si bien no podemos dejar de reconocer que en las
últimas décadas se han abierto muchas posibilidades, no obstante, un número
significativo de ellas queda marginado, en particular quienes no cuentan con
cobertura social (obra social, pensión no contributiva, prepagas, pami ) . Por tal motivo y de
cara al presupuesto de la Nación, es importante que se resguarden los recursos
para llevar adelante estas políticas integradoras en el área de la
discapacidad. Eso permitiría un desarrollo auspicioso a estas personas y
su inclusión social les abriría puertas hasta ahora cerradas.Estas medidas no
son un lujo para la sociedad, sino una inversión que permitirá que ellas
crezcan, vivan, se desarrollen, estudien, se rehabiliten, trabajen y así puedan
con su presencia y actividad ser partícipes en la construcción del bien
común. Hablamos de recursos presupuestarios que detecten las situaciones
discapacitantes en las diversas etapas de la vida, lo cual podrá generar
igualdad de oportunidades para el desarrollo y su participación activa en todos
los ambientes de la vida.
Por
lo tanto, solicitamos a los miembros del Poder Legislativo y del Poder
Ejecutivo que tengan en cuenta esta realidad para que se concreten en partidas
presupuestas que permitan continuar con la justa atención que se viene
desarrollando y comenzarn nuevas iniciativas hacia aquellos que justamente las
requieren. No está demás advertir que en el contexto de una pobreza
estructural, la infancia y la discapacidad pueden transformarse en un nuevo
grupo social vulnerable si no se priorizan sus necesidades.
La Nueva Ley General de Educación se vio acompañada por una legislación que promueve la enseñanza obligatoria a partir de los cuatro años, hasta completar los estudios secundarios. Aun así, el porcentaje de la deserción escolar de los jóvenes en el país es muy alto y hace años que va en aumento, superando más del 50% –en algunas provincias los números son alarmantes–, con consecuencias graves como la imposibilidad de acceder a estudios superiores y de conseguir un trabajo formal. A este cuadro de situación se suman las dificultades que puso a prueba la creatividad e ingenio de los docentes y profesores en estos dos últimos años: es una situación que necesita ser evaluada y diagnosticada si queremos mejorar los procesos de aprendizaje y asimilación de los conocimientos recibidos . El significativo recorte presupuestario para acceder a la evaluación e información educativa es un signo más del desinterés por buscar soluciones a problemas reales para mejorar el sistema educativo, el que muestra en superficie signos preocupantes en las actuales generaciones de educandos. La realidad es que las pruebas sobre los aprendizajes nos posicionan ante una emergencia educativa que hay que asumir, sin declamaciones ni nostalgias de lo que fue en el pasado, sino con responsabilidad institucional, que nos encontramos unidos en un sentimiento común que nos permita superar la situacion de emergencia que vive la educacion argentina. Lo que toca a educación en la ley de presupuesto debería estar al servicio de esta soberana causa.
La mayor alegría de la que puede gloriarse el Estado es asegurar los medios para educar al igual, es decir, la mejor manera de fomentar el servicio al bien común, acrecentar la paz y la amistad social, afianzar un orden justo, cultivando los valores cívicos que arraiguen nuestra vocación democrática y republicana.
Invocando la protección de Dios, fuente de sabiduría y justicia, ponemos en él nuestra esperanza y auguramos el mejor destino para nuestra Nación.
1° de noviembre de 2022
Solemnidad de Todos los Santos
Los obispos de la Comisión de Educación de la
Conferencia Episcopal Argentina
[1] Papa Francisco:Mensaje para el lanzamiento del Pacto Educativo Global, Ciudad del Vaticano, 12 de septiembre de 2019.
