Los últimos hechos de
violencia sucedidos en Andalgalá, y que son de público conocimiento, han puesto
de nuevo sobre el tapete lo que podríamos ya denominar la cuestión minera. Se
trata de una situación social que aparece como problemática porque suscita
muchos interrogantes y porque a la hora de dar respuestas los actores
involucrados, sea por la razón que fuere, no logran ponerse de acuerdo
convergiendo todo en un conflicto de intereses que algunos no ven otra salida
que dirimirlo por la fuerza.
Es evidente que nadie
quiere escuchar a nadie. Porque si existiera la voluntad de escuchar, ya todos se
hubiesen puesto de acuerdo para dialogar. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién, la
verdad? ¿La tienen los que impulsan la minería? ¿La tienen los que se oponen a
la minería a gran escala? ¿No será más bien que todos tienen algo de razón, y
todos tienen parte de verdad? ¿Pero cómo saberlo si no nos escuchamos? ¿Y
cuáles son los obstáculos para escucharnos?
¿Es posible hallar una
herramienta que nos permita sortear esos obstáculos y permita una conversación
sincera, objetiva y superadora? ¿Hay acaso algunos criterios objetivos e
imparciales y aceptados por todos, que permitan a las partes sentarse, expresar
sus pareceres y dar respuestas a lo que sea conflictivo a partir de esos
criterios?
Desde el Equipo de
Pastoral Social de la Diócesis de Catamarca nos parece que sí existen esos
criterios: los que la Doctrina Social de la Iglesia ofrece sobre el Medio
Ambiente; la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco, y el Documento
“Discípulos-misioneros, custodios de la casa común” del Episcopado
Latinoamericano. Una conversación a la luz de los principios que allí se nos
ofrecen, podrá emanar claridad sobre los obstáculos que impiden escuchar y
recibir orientaciones para destrabar el conflicto por medio del diálogo.
Otra herramienta que
seguramente va a ayudar es el “El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe”, adoptado en Escazú (Costa Rica) el
4 de marzo de 2018. En la presentación del mismo, el Secretario de la Naciones
Unidas dice: “Ante todo, este tratado tiene por objeto luchar contra la
desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas
a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial
atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la
igualdad en el centro del desarrollo sostenible”. Y en el Prefacio, Alicia
Bárcena Secretaria Ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), expresa: “Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero en
materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos
humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en
particular los grupos y comunidades más vulnerables. Su objetivo es garantizar
el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera
oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que
afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos
hayan sido vulnerados”. Agregamos nosotros, que también en el mismo tenor está
el deber de informar con veracidad y profesionalidad por parte de
quienes deben hacerlo.
Sirvan estas herramientas para los actores que ahora están en
conflicto en la Perla del Oeste. Pero también sirvan para que todos los
ciudadanos podamos tomar parte en los varios emprendimientos mineros para la
extracción del Litio que ya han sido anunciados. No nos podemos quedar
solamente con lo que, con esfuerzo periodístico y hasta donde tienen acceso, publican
los medios de comunicación. Todos escuchamos hablar del Litio. ¿Sabemos qué es?
¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se lo extrae? ¿En qué zonas de
Catamarca se concentran? ¿Quiénes lo van extraer? ¿Cómo? ¿Quiénes controlarán
su extracción y producción? ¿Cuál es el impacto sobre el Medio Ambiente, especialmente,
sobre el agua? ¿Y cuánto de los beneficios se llevarán las Empresas y cuánto
quedará para los catamarqueños? Y si ¿ese reparto de las ganancias es
equitativo y razonable? Todas estas preguntas nos las debemos hacer y tenemos,
como ciudadanos, el derecho de saber y que nos respondan.
Como expresa el Papa Francisco en Laudato Si, es posible un
progreso sustentable.
Hace un año, ante otro
conflicto minero, lo dijimos. Ahora nos parece conveniente repetirlo. “Conversando se entiende la gente”. Si
hace falta nuestra colaboración para que pueda darse ese diálogo, estamos a
disposición de dar lo que desde la Iglesia podemos ofrecer en defensa de los
bienes de la creación y garantizar un ambiente sano para las presentes y
futuras generaciones. Paz y Bien.
Equipo Diocesano de Pastoral Social
Diócesis de Catamarca
Viernes
13 de mayo de 2022
