Es objetivo permanente de la
Comisión Nacional de Justicia y Paz (1) trabajar por la superación de
situaciones de injusticia, especialmente las que afectan a los grupos de
población más vulnerables, por la paz social y el diálogo sincero como camino
de encuentro. Entre otras tareas, desde hace años estamos en contacto con
organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena de todo el país,
con agentes de pastoral que trabajan con familias campesinas, con miembros de
instituciones de promoción y con las mismas familias. Así aprendimos a valorar
los inestimables aportes de la agricultura familiar en la producción de
alimentos, el arraigo poblacional en los territorios, el cuidado y la
preservación de los bienes naturales que son patrimonio de todos.
También constatamos los
problemas que las aquejan y, dentro de nuestras limitadas posibilidades,
procuramos aportar a su superación. Con este espíritu, colaboramos con la Mesa
de Diálogo de la Agricultura Familiar mientras funcionó, en el ámbito del
Ministerio de Agroindustria; manifestamos ideas y sugerencias a las
autoridades; promovimos encuentros entre distintos actores. Con el mismo
espíritu, en los últimos meses mantuvimos varias reuniones con funcionarios de
la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial y
del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
La impresión que nos
llevamos de los encuentros con las autoridades fue que las políticas de
promoción y desarrollo de la agricultura familiar estaban aseguradas y se
trabajaba por su mejoramiento. Por eso vemos ahora con preocupación que los
equipos técnicos al servicio de las familias de pequeños productores -que son
esenciales para el trabajo de desarrollo y crecimiento con estas familias-, sea
en los territorios o en reparticiones ligadas al sector, estén siendo reducidos
en forma drástica y se haya reducido el financiamiento de varios programas. La
consecuencia es que las familias tendrán aún menos cooperación técnica y
económica o quedarán totalmente desguarnecidas. También nos preocupa que los
canales institucionales de diálogo se hayan debilitado, que la reglamentación
de la ley 27118 de agricultura familiar, que podría aportar algunas soluciones,
esté tan demorada.
Como lo hemos mantenido
siempre, en aquellas coyunturas que exijan restricciones, los costos económicos
y sociales no deben recaer sobre los débiles. Por el contrario, en momentos de
dificultades, son quienes necesitan mayor protección y apoyo.
Hacemos públicas estas
preocupaciones que ya manifestamos en privado a las autoridades, esperando que
se arbitren alternativas de soluciones concretas para el desarrollo integral de
la agricultura familiar, privilegiando el bien común y el diálogo conducente a
alcanzarlo, acordes con los tiempos, las urgencias y el deterioro que se está
dando en las economías locales, con el riesgo de que los problemas se agraven y
se pierda lo logrado. Todos estamos
invitados a “no amar de palabras sino con obras” (2).
Buenos Aires, 17 de agosto
de 2018
(1) La Comisión Nacional de
Justicia y Paz es un organismo de la Conferencia Episcopal Argentina
(2) Cfr. 1 Jn 3,18
