Recientemente el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27742/24 denominada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, hasta el momento, con reglamentación parcial de ésta por parte del Poder Ejecutivo Nacional. El Capítulo VI aborda el “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)” cuya adhesión o no por parte del Estado Provincial es motivo de debate en la Legislatura de Catamarca.
Entendemos como Pastoral Social
Diocesana que, durante el proceso del debate, discusión y análisis hasta llegar
a la decisión final de nuestros legisladores catamarqueños, indefectiblemente tienen
que consensuar opiniones partidarias, corporativas e ideológicas, y escuchar a
asociaciones profesionales, asesores y expertos, además de sostener sus propias
convicciones personales. Nos parece una muy buena metodología dado la
importancia que implica la adhesión o no al RIGI a los intereses del Estado
Provincial y de toda la población de Catamarca.
Cuando se planifica el futuro de
la provincia en el uso de sus recursos y la proyección socioeconómica de la
población en el marco del cambio climático en que estamos inmersos es
importante tener una visión integral, global y de largo alcance temporal, de
manera que lo que se plasme en el orden de las ideas ahora se concreten en
obras que sirva tanto para la presente generación de catamarqueños como las venideras.
Observamos hasta el momento que
con cierta lógica, por su actualidad y potencial, se pone énfasis en la posible aplicación del RIGI a la
actividad minera, pero consideramos que no se puede perder de vista, que
aquella herramienta jurídica también tiene aplicación a otros recursos que
dispone Catamarca y que pueden ser objeto de inversiones: en el campo de la energía
existe potencial geotérmico en Antofagasta de la Sierra y probablemente en el norte
de Belén, y ya se ha comprobado en varios departamentos del territorio
provincial que es factible la utilización de la energía solar a través de la
instalación de campos de paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica; el
turismo, industria sin chimenea, posee un buen presente y un elevado potencial
en todo el territorio provincial por la variedad de paisajes, climas, recursos
naturales, cultura y calidez humana; en infraestructura, hay mucho por hacer en
cuanto a rutas y vías férreas interprovinciales e internacionales para mejorar
el transporte público y de cargas y la comunicación necesaria para el
desarrollo integral de la provincia; por último, nuestra provincia requiere de diversas
tecnologías actualizadas y de nodos tecnológicos -además de los existentes-
para promover y formar a los jóvenes en el uso de las nuevas tecnologías e informática,
como así también para comunicar e interconectar con redes telemétricas confiables
a todo el interior provincial, a la provincia con estados vecinos y el mundo,
como así también para que a través de la tecnología de procesos se instalen, preferentemente
compañías nacionales o provinciales, con el objetivo de darle valor agregado a las
materias primas locales, multiplicar los beneficios al Estado provincial y la mano
de obra ocupada. De esta manera también se
rompería la tendencia actual de que en nuestra provincia la minería y demás
actividades relacionadas a los distintos recursos naturales tienen características
de extractivistas.
En el campo minero, consideramos
que debe tenerse presente la reciente experiencia que tuvo la provincia de Catamarca
con la explotación de Bajo La Alumbrera (1997-2018). Es decir, evaluar si entre
los saldos positivos se pueden acreditar: rutas, redes de telecomunicaciones, nuevos
servicios de agua potable, ampliación de redes de energía eléctrica, construcción
de establecimientos educativos, si se mejoró el nivel de vida de población, qué
se hizo para mejorar la seguridad, cuántos hospitales se construyeron y cómo
evolucionó el empleo privado y público. En cuanto a los saldos negativos sería
conveniente que se detalle si hubo: contaminación del agua, suelo y aire,
pérdida de biodiversidad, inmigración, daños en viviendas y sitios
arqueológicos, disminución de flora y fauna, etc., que le quedaron a los
catamarqueños y particularmente a las poblaciones urbanas y rurales de la zona
oeste y a los habitantes de los pueblos originarios de los departamentos con
recursos mineros y analizar cuál fue el proceso y resultado final en el aspecto
medio ambiental.
Mientras continúan los debates para
discernir la adhesión o no de la provincia de Catamarca al RIGI en los ámbitos
legislativo y académicos, realizamos las siguientes reflexiones:
1-
Cualquier decisión que se tome debería
seguir el principio del bien común, es decir que sea ampliamente favorable a la
mayoría de la población en términos de generación de trabajo genuino, durabilidad
y de buenos niveles salariales; avance concreto en la calidad de vida de la
población; optimización continua del control y protección del medio ambiente;
fortalecimiento y promoción de las PYME, emprendedores y proveedores locales.
2-
Que la decisión final de los legisladores ya
sea a través del RIGI u otro sistema alternativo de promoción de las
inversiones, tenga como norte el despegue productivo y económico definitivo de
las economías regionales, especialmente de las zonas más postergadas del Oeste,
Este y la Puna catamarqueña, con indicadores de mensurabilidad comprobable.
3-
Que se respete en todos sus términos la
dignidad de la totalidad de los ciudadanos catamarqueños, especialmente en los
aspectos laborales, idiosincrasias, de equidad de oportunidades de acceso al
trabajo y el derecho a una respetable calidad de vida y prosperidad en un
ambiente equilibrado y sin contaminación de los recursos naturales vitales.
4-
Que se tenga presente y se cumpla con los
programas de compre de productos catamarqueños y que en los proyectos
eventuales a concretarse a través del RIGI u de otro sistema alternativo de
promoción de las inversiones tengan preferencia la ocupación de mano de obra
local.
5-
Que los proyectos de inversión, cualquiera
sea su índole, rubro u escala, cumplan previamente a su ejecución con los
informes de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la licencia social de parte
de las poblaciones próximas a los enclaves productivos.
6-
Que la prioridad en el uso de los recursos
naturales, caso concreto del agua siempre tenga preferencia el abastecimiento a
las poblaciones y de uso pecuario, como lo dispone la ley de aguas de la
provincia de Catamarca.
7-
Que los señores legisladores provinciales
evalúen si la herramienta jurídica que se analiza provoca o no menoscabo a la
Soberanía y la Autonomía del Estado Provincial en sus derechos o en sus leyes.
8-
Que el debate legislativo sea propicio para
la instalación de la necesidad de promover, proteger e incentivar a las PYME y micro
PYME existentes y futuras en el ámbito provincial, especialmente con la
adecuación de la legislación provincial vigente mediante proyectos de ley que tiendan
a disminuir los altísimos costos de producción e impuestos diversos que afectan
a aquellas.
9-
Que esta oportunidad de debate en nuestra Legislatura
provincial esté signada en el marco de un amplio y generoso diálogo político
cuyo eje sea el bien común y para que también sea una oportunidad para dar
inicio a la libre circulación y flujo -sin obstáculos de ninguna índole- de toda
la información y documentación técnica y económica de los proyectos productivos
de las diferentes actividades, especialmente las incentivadas (minería,
agroindustria, industrial, turística), con el objeto de que la totalidad de los
ciudadanos tenga acceso a ellos, como lo explicita la ley de acceso a la
información pública. Una buena medida sería que cada organismo público del Estado
provincial cuente con páginas web actualizadas donde se suba toda la
información disponible, incluido las EIA, convenios, informes técnicos y otros.
San Fernando del Valle de Catamarca, 14 de agosto de 2024.
Equipo
de Pastoral Social
Diócesis
de Catamarca
