El Equipo de Pastoral
Social de la Diócesis de Catamarca elaboró una reflexión sobre la reforma
parcial de la Constitución Provincial, cuyo texto fue entregado en el día de la
fecha a la Señora Gobernadora de Catamarca, Dra. Lucía Corpacci, y a la
Comisión Consultiva y de Participación Ciudadana para la Reforma de la
Constitución.
El 18 de Septiembre la Dra. Lucía Corpacci, Gobernadora de Catamarca,
convocó a la Reforma parcial de la Constitución Provincial del año 1988. En la ocasión, propuso un
debate profundo y constructivo entre todos los catamarqueños, a través de un
esfuerzo conjunto en la búsqueda de consensos, sin mezquindades partidarias ni
personales.
Al respecto, la Pastoral Social Diocesana expresa lo
siguiente:
En un poco más de cuarto de siglo desde la sanción de la
actual Carta Magna provincial, se produjeron cambios sociales, políticos y
económicos tanto a nivel nacional como provincial: Reforma de la Constitución
Nacional en el año 1994; la continuidad
democrática - con luces y sombras- desde el año 1983; la crisis económica,
política y social de fines del 2001, entre otros acontecimientos, convergen -provisoriamente-
en un marco adecuado para la Reforma Parcial de la Constitución Provincial.
Creemos oportuno señalar que la convocatoria no tuvo el
consenso previo necesario con las otras fuerzas políticas con representación
parlamentaria, ni con autoridades de los otros dos poderes del Estado. La
Reforma parcial de la Constitución merece el máximo diálogo, el máximo
consenso.
La Reforma de la C.P. debe partir teniendo presente nuestras
raíces culturales y características de nuestra idiosincrasia; la existencia y
protección de los pueblos originarios; conservación y estimulación de nuestras
tradiciones; la innegable espiritualidad religiosa y profunda devoción mariana
del pueblo de Catamarca.
Adecuarnos y avanzar institucionalmente a lo moderno y
eficiente, insertarnos en un mundo globalizado de múltiple aspectos y
dimensiones sólo será posible y beneficioso, y no un mero trámite institucional
y cultural vacío de contenidos propios, si nos mantenemos y anclamos las
reformas a partir de nuestras fortalezas locales e identidad provinciana
conformada por nuestras raíces culturales, religiosa e histórica en un
marco geográfico particular.
Es bueno incorporar en nuestra Constitución Provincial disposiciones
que amplíen derechos civiles y humanos que dignifiquen a los ciudadanos, como
la libertad religiosa y la primacía de la educación de los niños por sus
padres; principios que fortalezcan el sistema democrático de gobierno;
adecuaciones normativas, impositivas y económicas que alienten las inversiones
genuinas y no las especulativas, con énfasis en el apoyo a los micro
emprendimientos, empresas familiares, la autogestión y las acciones
cooperativas; normativas que no obturen la riqueza humana y cultural propia;
sin enajenar nuestros recursos naturales renovables y no renovables; reformas
que, en conjunto, tiendan a lograr autonomía política e independencia
económica.
La Reforma de la C.P. debe realizarse con total consenso
ciudadano y de las instituciones de la provincia; a través de análisis y
reflexiones profundas, sin apresuramientos pero sin pausa; buscando la unidad
de todos los catamarqueños y evitando el enfrentamiento estéril y socialmente
regresivo; con eje central en el bien común y no en el beneficio individual o
de algunos pequeños grupos allegados al poder de turno.
La Reforma parcial de la C.P. debe reflejar meridianamente
algunos principios básicos como: la dignidad de toda persona humana, el bien
común, la solidaridad y la subsidiaridad.
La C.P. siempre debe poner énfasis en el derecho a la vida,
desde la concepción hasta la muerte natural.
Es taxativo promover la cultura del trabajo, creando las
condiciones esenciales para la generación de puestos laborales genuinos y
humanizantes.
La acción solidaria y subsidiaria del Estado debe estar
prioritariamente dirigida a los niños y abuelos, hacia los ciudadanos más
pobres, enfermos y sin trabajo.
El Estado debe alentar y apoyar la institución familiar, no
puede ni debe sustraer a las familias aquellas funciones que pueden igualmente
realizar bien por si solas o asociadas libremente, sino favorecer positivamente
y estimular lo más posible la iniciativa responsable de las familias.
En la C.P. no debe eliminarse instituciones encargadas del
control del uso de los fondos públicos, al contrario, creemos que,
constitucionalmente, estas instituciones se deben fortalecer para que cumplan
con su función a fin de que haya transparencia y credibilidad.
La C.P. debe adecuarse a las nuevas normas ambientales
explicitadas en la Constitución Nacional de 1994, incorporando también los principios
consignados en la Ley General del Ambiente de la Nación del 2002: de
prevención, precautorio, equidad intergeneracional, progresividad,
responsabilidad, subsidiaridad, sustentabilidad, solidaridad y cooperación. Es
necesaria una Ley de Ambiente de la Provincia.
Es importante considerar a la Cultura como un derecho social
inalienable del ciudadano por lo que el Estado Provincial debe ser su
garante indelegable, estableciéndola como Política de Estado que propenda a
fomentar en un marco de respeto de las diversidades culturales, el desarrollo
integral y permanente del hombre.
En la Reforma de la CP estamos de acuerdo en limitar las
reelecciones indefinidas en los cargos públicos, se debe propender a la
alternancia en el poder y el fortalecimiento democrático. Debe explicitarse también la lucha decidida
del Estado contra la inseguridad ciudadana, la discriminación en todos sus
tipos, la trata de personas, el narcotráfico y el apoyo a los programas de
recuperación de las adicciones, ya que este mal se difunde exponencialmente.
El Estado debe garantizar la educación pública, tanto de
gestión estatal como privada, confesional
o no confesional; y el derecho de los padres de elegir para sus hijos, en el
abanico de ofertas, el tipo de educación que consideren más adecuada.
Escuchar a las Instituciones para poder proponer leyes y
tomar decisiones que lleven al éxito y que estén al servicio de la comunidad en
el marco del respeto por la libertad, la división de poderes, los derechos
universales del hombre, la igualdad, la equidad, la justicia, la paz, el
progreso y el bienestar general.
Conclusión
Aunque nos parece laudable la iniciativa de Reforma Parcial
de la Constitución Provincial, sin embargo, por el momento consideramos que
existen otros problemas más urgentes de la vida de nuestra comunidad a los que
deberíamos prestar una seria atención porque están dañando fuertemente nuestra
convivencia y nuestra posibilidad de progreso: la creciente inseguridad, la
inflación, el desempleo, el comercio y consumo de drogas que están destruyendo
la vida de niños, jóvenes y adultos.
Todos estos son problemas acuciantes que no permiten dilación
en su tratamiento porque son serias amenazas a la vida y a la paz social.
Por otra parte, estamos próximos a entrar en tiempo de elecciones,
con lo que eso conlleva, donde los ánimos pierden la serenidad y la reflexión
necesarias para un trabajo de tanta envergadura como es poner nuestras manos
sobre la Carta Magna Provincial.
A la luz de estos considerandos, decimos que el tratamiento
de la ‘Reforma de la Constitución Provincial’ –si bien necesario- por ahora es
inoportuno; lo deberíamos llevar a cabo en un momento de mayor serenidad;
después de que todos los actores institucionales, sociales y políticos hayamos
realizando todo el esfuerzo posible para resolver los problemas urgentes que
nos afligen e impiden caminar con cierta holgura en busca de logros mayores y
necesarios.
EQUIPO DE PASTORAL
SOCIAL
DE LA DIÓCESIS DE
CATAMARCA