Carta abierta de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social al Ministro de Minería y Energía, Ing. Juan José
Aranguren
Buenos Aires, Marzo de 2018
Hemos tomado conocimiento de que
se está evaluando la modificación de la ley de glaciares vigente con el fin de
promover una mayor explotación minera en el área cordillerana de nuestro país.
Dichas noticias mencionan que la propuesta en estudio contaría con el aval del
Ministerio de Energía y Minería, del gremio minero, el Ministerio de Trabajo
así como de la Industria, representada por su cámara (CAEM).
Nos llama la atención que en un
tema de tamaña incidencia desde el punto de vista ambiental y social, no se mencionen los necesarios estudios y
aprobación previas, por parte de las instituciones encargadas de velar por el
adecuado manejo del ambiente del estado nacional, ni de organizaciones de la
Sociedad Civil que han trabajado muchos años sobre temas ambientales, que
merecerían también ser escuchadas y sus opiniones tenidas en cuenta.
Es también lamentable que no
habiéndose cumplido los necesarios inventarios de glaciares y zonas
periglaciares “que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio
nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control
y monitoreo” como lo define el artículo 3 de la Ley 26.639 vigente, ya se esté
pensando en modificarla para hacerla menos estricta y por ende menos protectora
de estas importantes fuentes hídricas contrariando el principio precautorio en
materia ambiental.
Por otro lado, es sabida la
importancia que tiene esta problemática para las comunidades que viven y
cultivan la tierra en zonas cercanas a los glaciares y cuya principal, cuando
no única, fuente de agua son los ríos que surgen de los deshielos de dichos
glaciares.
La protección del agua, el
respeto por los deseos y el modo de vida de las comunidades y el cuidado de la
casa común, son temas mencionados explícitamente en la encíclica “Laudato Si”
del Papa Francisco, poniendo de relieve la
gran preocupación por la contaminación, la sobre-explotación y la falta
de estrictos controles que también hemos podido constatar, lamentablemente, en
nuestro país a lo largo de las últimas décadas y que han significado, como
consecuencia, reiterados accidentes por derrames de cianuro.
“Es un problema que afecta a todos y hace que
nuestra casa común sufra tanta miseria y clame por soluciones efectivas,
realmente capaces de superar los egoísmos que impiden la realización de este
derecho vital para todos los seres humanos. Es necesario otorgar al agua la
centralidad que merece en el marco de las políticas públicas. Nuestro derecho
al agua es también un deber con el agua1.
Por todo lo expuesto, nos parece
que sería imprescindible un adecuado proceso de diálogo y consulta previa, con
la mayor cantidad de actores, de manera de llegar a consensos superadores,
antes de promover iniciativas que podrían perjudicar no solo al ambiente sino a
nuestras comunidades cordilleranas.
Con la confianza de ser
escuchados, la esperanza de progresar y no retroceder en materia
socio-ambiental, y la seguridad de que trabajarán por el bien común y el
cuidado de la casa común, lo saludo atte.
Comisión de Pastoral Social de La
CEA
1.
Papa
Francisco – Seminario Derecho humano al agua – Febrero 2017
